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03 diciembre, 2012

Ley LOMCE, "Wert Blindará Por Ley la Enseñanza en Castellano"

El ministro Wert, de Educación, Cultura y Deporte
      Wert ultima la ley de educación que sustituirá a la LOE, un nuevo refrito de siglas para "mejorar la calidad de la educación" (LOMCE). Los socialistas llevan ventaja en cuanto a leyes de educación tras sus 20 años de gobierno (interrumpidos por Aznar) así que desde el PP pisan el acelerador. Tanto cambio, empezando por los anteriores, es contraproducente. Según nos cuentan hoy los diarios la norma trae novedades de última hora. Se refuerza la enseñanza del castellano (guiño a Cataluña), se ofrece una asignatura de valores, como Ética, a modo de alternativa a la de Religión católica. Edito para avisar de que Cataluña tiene ya la intención de recurrir al tribunal constitucional, para atacar la reforma educativa.



   Por otro lado se suprime la asignatura que iba a sustituir a Educación para la ciudadanía, la proyectada Educación cívica y constitucional. Puede entenderse como un gesto hacia los detractores de la asignatura o como medida para concentrar el currículo hacia las materias básicas, que cada uno juzgue. Eso si, la educación cívica está recomendada por la propia Unión Europea en sus recomendaciones a los estados en materia de educación, así que no es ninguna asignatura sacada e la chistera. Otra cosa es que Zapatero tuviera el día atravesado y la cargara de epígrafes "cuestionables", pero la asignatura es algo perfectamente normal. Por eso resulta bastante gracioso que los padres objetores pidieran impugnar toooda la asignatura, cuando esta seguía las directrices de la propia Unión. Deberían haberse asesorado como Dios manda y denunciar las partes que consideraban adoctrinantes e inapropiadas… 

     En cualquier caso esperemos que el de Educación cívica sea el último de los recortes, que ya van 6300 millones desde 2010. Pronto escribiremos educación sin tilde, ya veréis. Echemos un vistazo a lo que dice la prensa sobre futura ley Wert. En concreto El País y El mundo.   

Las comunidades gobernadas por el PP calificaron de tibia hace poco más de un mes la reforma educativa que inicialmente presentó el ministro José Ignacio Wert, así que este ha dado perfecto acuse de recibo con el nuevo texto que presentará mañana a las comunidades autónomas. Este gira hacia los postulados escolares más ideológicamente definitorios de su partido: hace guiños de apoyo a la enseñanza concertada, recupera la asignatura alternativa a la de Religión confesional (petición permanente de los obispos) y abre la posibilidad de aumentar más los contenidos mínimos que fija el Gobierno central.

Además, obliga a las comunidades con lengua cooficial a garantizar "en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas". Si no lo hacen, dice el nuevo borrador de la reforma escolar, al que ha tenido acceso este periódico, deberán ofrecer a los padres la posibilidad de “escoger la lengua vehicular” y, si no hay oferta de la que los padres quieren en la escuela pública o en la concertada de su localidad, los Gobiernos autonómicos deberán “sufragar los gastos de escolarización” en “centros privados”.
Es decir, la norma admite que una comunidad dé “un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano”. Pero, si lo hace, debe ofrecer las alternativas arriba mencionadas, aunque en ningún caso establece concreción alguna sobre los elásticos términos de “proporciones equilibradas” o “proporción razonable”.

Desde Cataluña, la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau, ha calificado la reforma de “ofensiva contra el catalán” y ha asegurado que la nueva normativa educativa supone un golpe en la línea de flotación del modelo de inmersión lingüística catalán. “Desde 1978 el catalán no había estado tan menospreciado”, ha aseverado Rigau, apesadumbrada, en una comparecencia ante los medios de comunicación. La consejera ha criticado especialmente que las lenguas cooficiales pasen a tener la clasificación de “especialidad”, cosa que relega el catalán a un lugar “residual”, informa Ivanna Vallespín. Sin nombrarla, esta normativa apunta directamente a Cataluña, cuya escuela tiene como lengua vehicular el catalán y sobre cuyo modelo pesan varias sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que, en los últimos tiempos, han instado a la Generalitat a asegurar que el castellano sea también lengua vehicular. En el resto de autonomías con idioma cooficial, la política de distintos modelos entre los que los padres elegían se está abriendo paso con fuerza desde hace algunos años el modelo del multilingüismo, con horas repartidas entre los idiomas cooficiales y otros extranjeros.

La nueva normativa que impulsa el Gobierno, según Rigau, también “rompe el modelo de escuela catalana”, por lo que ha rechazado el hecho de que las administraciones deban costear la escolarización en castellano en colegios privados. “A lo mejor se piensan [el Gobierno] que todos los colegios privados dan clases en castellano”, ha ironizado la consejera en funciones, quien ha dejado entrever la idea de que ello fomentará la segregación de los estudiantes. “Nosotros hemos optado siempre por no separar nunca los alumnos por razón de lengua, esto ha sido la fortaleza de nuestro sistema”, ha remachado.

Así, lejos de enterrar el hacha de una polémica que ha ido creciendo en los últimos meses —Wert llegó a hablar de "españolizar" a los alumnos catalanes— esta parece que se va a recrudecer. Porque tampoco se cierra la brecha que abrió el conflicto: la propuesta inicial del ministerio decía que el Gobierno central iba a fijar más contenidos mínimos comunes, restándoles margen a las comunidades. Con el avance del nuevo borrador que dio la semana pasada la secretaria de Estado de educación, Montserrat Gomendio, parecía que Educación había buscado la manera de dar marcha atrás. Sin embargo, no son las asignaturas instrumentales las que fijará el Estado —como dijo Gomendio, dejando las demás en manos de comunidades y de centros—, sino las troncales, es decir, buena parte de ellas, la mayoría en primaria: son Lengua, lengua extranjera, Matemáticas, Ciencias, Sociales, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Economía y Latín en varios cursos….Rigau también ha afeado al Gobierno del PP que tuviera esta propuesta “escondida” hasta después de las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre. La consejera ha asegurado que no conocían las intenciones del ministro Wert hasta este lunes a mediodía, cuando han recibido el texto de la normativa que se debatirá este martes en el marco de la Conferencia de Educación.

Para todas estas materias, el proyecto solo dice que corresponde a la “Administración General del Estado” determinar “los contenidos y el horario mínimo”, con lo cual, en la práctica, ese contenido y ese horario puede ser mucho mayor del que se hablaba hasta ahora en el texto inicial que pasó por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre: el Ejecutivo central pasaría a fijar el 65% de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 75% en el resto (con la ley actual es el 55% y el 65%, respectivamente).

Fuentes del ministerio aseguraron hoy a Efe que los cambios intentan “conseguir una reforma con el mayor consenso posible” y atender las peticiones de la comunidad educativa en general, de los centros y de las comunidades, que han criticado la reforma porque, aseguran, atenta contra la igualdad de oportunidades al adelantar los itinerarios hacia la FP y el bachillerato y con reválidas al final de la ESO y de bachillerato.Eso sí, en el resto de asignaturas (Religión, Educación física, Plástica, Filosofía en algunos cursos, entre otras) las comunidades y los centros escolares tendrán muchísima flexibilidad para fijar contenidos y horarios. Según el nuevo borrador, las materias troncales deberán ocupar al menos la mitad del horario, lo que, según fuentes de la Consejería de Educación vasca, es una frase vacía, pues en cualquier curso ocupan mucho más y nadie se ha planteado cambiarlo. En cuanto a la educación infantil y a la FP se mantienen los porcentajes de atribuciones que existen ahora: entre el 55% y el 65% para que el estado fije contenidos mínimos.

Sin embargo, los cambios parecen haber escuchado únicamente —o, al menos, sobre todo— a las peticiones hechas desde el seno del PP y las comunidades gobernadas por este partido. Así, desaparece del proyecto la asignatura de Educación Cívica y Constitucional, la nueva Educación Ciudadanía sin contenidos polémicos que prometió Wert. Sin embargo, se recupera la idea que reclamaron los obispos durante la negociación en 2005 y 2006 de la actual ley (LOE): una asignatura evaluable sobre valores alternativa a la enseñanza confesional, igual que antes los padres podían elegir entre Religión o Ética para sus hijos. La nueva materia se llama Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Los obispos siempre han querido un alternativa dura que incremente el número de alumnos que eligen Religión, cuya nota no cuenta para hacer media, pero sí para repetir curso o no.

En el capítulo de concesiones —mínimas o casi imperceptibles según varias fuentes del PSOE— está que los alumnos del nuevo ciclo de FP básica podrán presentarse a la reválida de la ESO y, si la aprueban, obtener el título de secundaria. Esta vía alternativa para los chavales que, con 15 años, no tengan muchas posibilidades de sacarse la ESO, les da los rudimentos de un oficio y un título profesional que concede el Ministerio de Trabajo. En el proyecto inicial esta vía no daba la posibilidad de obtener la ESO, a diferencia de sus predecesores, los Programas de Cualificación Profesional. Estos, además, según la Ley de Economía Sostenible, en una parte que no ha entrado en vigor, esos programas daban también acceso directo a la FP de grado medio; ya no lo harán.Asimismo, se han introducido guiños a la escuela concertada (privada subvencionada), una petición que los populares enuncian como apoyo a la libertad de elección de centros. Así, se prolonga el periodo la renovar lo concierto (de un máximo de cuatro años se pasa a un mínimo de seis) y se dice que las administraciones, cuando hagan la programación de oferta de plazas, tendrán también en cuenta "la demanda social", es decir, que si hay padres que prefieran llevar a sus hijos a concertada en vez de la pública. El PP propuso, durante la negociación del frustrado pacto de Estado por la educación en la pasada legislatura, blindar por ley los conciertos, es decir, que si un centro privado con suficiente demanda pide la subvención y cumple los requisitos mínimos, la comunidad esté obligada a concederla. Además, elimina al representante municipal obligatorio en los consejos escolares de los colegios concertados.

El ministerio mantiene sus apuestas por las pruebas externas al final de la educación de todas las etapas que en la ESO y el bachillerato serán reválidas (si no se aprueba, no se pasa al siguiente) curso. La del bachillerato sustituye a la Selectividad. Además, se mantiene la idea hacer públicos los resultados de los centros, a pesar de las peticiones contrarias de las consejerías socialistas y de distintos colectivos educativos.

Las CCAA que no garanticen el castellano tendrán que pagar la enseñanza privada


El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha cambiado de arriba abajo el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para garantizar la enseñanza del castellano en todas las comunidades con lengua cooficial.

Así lo prueba un borrador, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, que dice que "las administraciones educativas garantizarán en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos".

En el texto, fechado al día de hoy, se especifica por primera vez en una ley educativa que las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias educativas, deberán dar "un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable,sin que, en ningún caso, pueda suponer, de hecho, la exclusión del castellano".
Wert recoge expresamente en la ley que los padres que quieran que sus hijos estudien en castellano podrán escolarizar a sus hijos en centros privados, tal y como adelantó a EL MUNDO.

Y va más allá, al determinar que será la propia comunidad autónoma la que "sufragará los gastos de escolarización". Esta medida ha desatado la indignación de la consellera catalana, Irene Rigau, que ha afirmado esta noche que la LOMCE "tumba" la impresión lingüística en Cataluña.

Por otro lado, el texto incorpora buena parte de las reivindicaciones expresadas en las últimas semanas por las comunidades autónomas, sobre todo las del PP.

Sobre todo a la demanda de tener más peso en las evaluaciones, pruebas finales que el alumno debía aprobar si quería pasar curso y cuya elaboración correspondía al Estado.

En el nuevo borrador, de 68 páginas, dice textualmente que "los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el segundo o el tercer curso de Educación Primaria, según dispongan las administraciones educativas". Las administraciones educativas son las comunidades autónomas.

En el anterior redactado, que el ministro discutió con los consejeros autonómicos el pasado 29 de octubre, el texto decía que esta prueba debería realizarse en tercer curso de Primaria y que los criterios de evaluación y características generales "serán fijados por el Gobierno para todo el sistema educativo español, previa consulta a las comunidades autónomas". Es decir, las CCAA pasan ahora a tener la patria potestad de esta prueba.
Esta evaluación, además, se dulcifica, porque, en el anterior redactado, no aprobarla conllevaba una posible repetición del tercer curso de Primaria y ahora simplemente se dice: "De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas", sin mencionar en ningún caso la repetición de curso. Es decir, no conlleva repetir obligatoriamente.

En otras palabras, la reválida de 3º de Primaria se queda en simple prueba y su gestión, en manos de las CCAA.
Por otro lado, en la prueba de sexto de Primaria, que no era una reválida, sino una prueba sin efectos académicos, su realización pasa a mano de las "administraciones educativas correspondientes". En el anterior redactado, su elaboración correspondía al Estado.

En cuanto a las reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, quedan igual que antes: en manos del Ministerio. La nueva ley también atiende a las demandas de las comunidades autónomas al permitir que la Formación Profesional básica dé derecho a un título de la ESO.

Olga R. Sanmartín 

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